Sixto González se pronuncia por fallo de contraloría y posible destitución de directora jurídica municipal.
El precandidato a alcalde del Partido Comunista, quien lideró en el pasado acusaciones por cohecho y faltas a la probidad contra el alcalde Juan Carlos Díaz y su antecesor Juan Castro, llamó al concejo municipal a indagar eventuales responsabilidades administrativas del actual edil en los hechos que involucran a Grace Salazar.
Así reaccionó el precandidato a alcalde de la capital del Maule, Sixto González, ante la recomendación de la Contraloría Regional de destituir a la directora jurídica del municipio, Grace Salazar.
González, quien ocupó dos veces el cargo de concejal, sostuvo duelos mediáticos con el alcalde Juan Carlos Díaz y su antecesor Juan Castro, por faltas a la probidad y cohecho. El caso más ruidoso tuvo lugar en 2018, cuando el Juzgado de Garantía de Talca suspendió una causa por malversación de caudales públicos contra Díaz y Castro, luego que éstos alcanzaran un acuerdo con la Fiscalía. En los supuestos ilícitos también estaba involucrado Juan Valdebenito, ex jefe de gabinete de Castro, ahora senador.
“La ciudadanía no va a tolerar una nueva bofetada ni otra traición a la confianza de las instituciones. Las personas que dirigen nuestros destinos no pueden gastar recursos públicos para fines personales”, enfatizó el aspirante al sillón municipal.
En junio pasado, seis concejales presentaron una denuncia contra la abogada, por haber atendido litigios particulares durante su horario de trabajo y ocupar bienes del municipio para realizar dicha labor. El abogado Fernando Leal introdujo una segunda acusación.
“Es de público conocimiento que la directora jurídica de la municipalidad fue en su momento defensora del actual alcalde, en el juicio que se le siguió por negociación incompatible y otros ilícitos, y eso al parecer le valió el premio de ser la directora jurídica en un rápido ascenso. Muchos funcionarios daban cuenta de su trato prepotente y altanero. El administrador municipal y el alcalde estaban al tanto de lo que hacía, es decir, ocupar tiempo pagado por todos los talquinos en sus alegatos jurídicos, en vez de enfocarse en los temas que afectan al municipio. Ellos permanecieron impávidos, en una actitud permisiva y cómplice que dista de los principios de probidad y transparencia”, precisó González.
“Esperamos que se cumpla el dictamen de Contraloría -puntualizó- y que el concejo concurra con los antecedentes al Tribunal Electoral, para que éste se pronuncie sobre las responsabilidades administrativas del alcalde y lo sancione en su mérito”.
En su informe, el ente fiscalizador también recomendó que el administrador municipal, Ariel Amigo, reciba una multa equivalente al 20% de su remuneración mensual, así como una anotación de demérito de cuatro puntos en su calificación, por haber estado en conocimiento de los hechos y no manifestar su ilegalidad.
Salazar usó parte de su jornada laboral en la defensa del abogado Francisco Pinochet, acusado de delitos sexuales contra menores del Sename. Siendo fiscal del Ministerio Público, fue removida el 2008, por cometer una negligencia que dejó en libertad a 14 narcotraficantes.
