Instituto de Seguridad Laboral llama a protegerse ante ataques de usuarios descontrolados.

Instituto de Seguridad Laboral llama a protegerse ante ataques de usuarios descontrolados.

La preocupación por la defensa de sus funcionarios ante ataques de personas
descontroladas es un foco fundamental que los trabajadores del Instituto de
Seguridad Laboral (ISL) han expuesto a las autoridades de la entidad, por lo cual
impulsan, en conjunto, una serie de medidas preventivas de tales situaciones a
lo largo del país.
Es sabido que el mundo moderno, con la aceleración de la percepción del
tiempo, propicia cuadros de ansiedad, estrés, intolerancia, falta de paciencia e
incluso trastornos sicológicos. Tales factores, o la presencia de enfermedades
que afectan emocionalmente, pueden ser síntomas de cuadros complejos que
suelen estar tras un ataque de ira, como los que se sufren en oficinas públicas
de atención de usuarios donde las víctimas son los funcionarios.
Así se ha visto en casos en el Registro Civil y con mayor frecuencia en lugares de
atención de salud, donde las condiciones de pacientes hacen más vulnerable la
acción de los trabajadores públicos.
El ISL tiene oficinas en las 16 regiones del país, en las cuales recibe los
requerimientos de sus adheridos: trabajadores beneficiarios del Seguro Social
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Se trata
de personas, generalmente, afectadas por situaciones que les provocan una
tensión.
En la atención de público del ISL trabajan 92 funcionarios de manera presencial
y, al igual que todos los empleados públicos, ellos están protegidos por la ley.
Cabe recordar que en el artículo 90 del D.F.L. Nº 29, de 2005, de la Ley Nº
18.834, sobre Estatuto Administrativo, se asevera que:
“Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la
institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las
personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del
desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien
en cualquier forma.
La denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior de la
institución, a solicitud escrita del funcionario, y cuando el afectado fuere dicho
jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de Estado que corresponda”.
Instituto de Seguridad Laboral, Teatinos 726, Santiago – www.isl.gob.cl
Este es un tema relevante, sostuvo María Teresa Martínez, presidenta de la
Asociación de Funcionarios del ISL (Anatisel), quien anunció que reactivarán la
solicitud de un protocolo conjunto para la defensa de los funcionarios (algunos
de los cuales han sido incluso amenazados en regiones).
“Queremos que el protocolo se complemente con una campaña de difusión de
deberes y derechos de los usuarios y de capacitación de nuestros trabajadores
en temas como manejo de crisis, para saber qué hacer en caso de ataque físico
o verbal, y apoyo psicosocial, porque cuando una persona tiene un ataque de
furia deja a nuestros funcionarios muy afectados sicológicamente”, subrayó.
Los casos registrados hasta ahora mantienen alerta a la institución, pues desde
la dirección nacional se advierte que no sólo es un asunto que afecta a los
funcionarios, sino también a quienes vayan a las oficinas por un trámite y se
vean impedidos de realizarlo por el escándalo de una persona con furia.
Asimismo, se adelantan a las acciones vía redes sociales que también han
sufrido con ataques y denostaciones injuriosas.
La tecnología y el uso de las redes sociales son, de hecho, una fuente fácil para
amenazas y otras acciones que podrían ir en desmedro de quienes solo buscan
entregar un servicio público. Estas plataformas, pueden ser utilizadas en busca
de un beneficio, por ejemplo, pecuniario, a través de campañas tendientes a
sumar a otros a la causa y así generar el “ruido” que les favorezca.
Entre los factores que se presentan en estos comportamientos alterados se
visualiza también el desconocimiento que muchos usuarios y usuarias tienen del
alcance y restricciones de los beneficios que rige la ley 16.744, por lo que
solicitan servicios que van más allá de los legales o, lisa y llanamente, en
algunos casos, demuestran que quieren aprovechar tales frutos sin respetar la
legislación.
Todas esas materias se analizan en el ISL para proteger a sus funcionarios y
usuarios, recopilando además de la legislación existente, las experiencias de
otras reparticiones como una posible plataforma del servicio público en general.

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