La creación del Ministerio de Educación en 1927 dio inicio a lo que en Chile se conoció como Estado Docente, porque las funciones normativas, curriculares, supervisoras, administrativas y financieras del sistema escolar respondieron a un modelo de gestión estatal y centralista del sistema educativo que perduró hasta la década de los ´80 cuando se inició el proceso de municipalización de la educación, que se tradujo en un modelo descentralizado de la gestión educativa bajo la supervisión de los municipios.
La municipalización de la educación pública significó la descentralización de las facultades del Ministerio de Educación en las municipalidades, a través de los DAEM o las corporaciones municipales que, si bien respondió a la necesidad de superar el centralismo en la administración de la educación pública, se ejecutaron bajo un contexto de reformas que terminaron por promover la privatización del sector educativo, generando un sistema ineficiente y segregado, con una fuerte segmentación socioeconómica, donde distintos tipos de establecimientos atendieron a distintos grupos de estudiantes, según origen socioeconómico y capacidad de pago, y donde la educación pública vio disminuida su matrícula y la percepción social sobre ella.
No fue hasta el año 2006, con la “Revolución de los Pingüinos”, en que la discusión sobre la educación pública entró con fuerza en la agenda pública y tras la creación del Consejo Asesor Presidencial, se diagnosticó la situación de la educación pública y dimensionó el problema público. Es así como se identificaron las primeras acciones a realizar, las que giraron en torno a corregir la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, el sistema de financiamiento estatal a proveedores privados con fines de lucro, la discriminación causada por el copago y el abandono relativo de la educación pública en manos de los municipios.
Estas medidas no impidieron que en el año 2011 se reactivaran las movilizaciones de estudiantes secundarios y universitarios, lo que tras varios meses de movilizaciones, decantó en la puesta en marcha de una reforma educacional integral y sistémica, que terminó en el 2017 con la promulgación de la Ley N°21.040 que creó el Sistema de Educación Pública, que busca que el Estado provea educación pública, gratuita y de calidad a través de sus establecimientos educacionales, que son la unidad básica y fundamental del sistema.
Esta ley estableció una nueva institucionalidad en el sistema educativo, encabezada por la Dirección de Educación Pública (DEP), el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública y 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) en el país, cuya gradual implementación terminarán por reemplazarán a las Municipalidades (DAEM) o a las corporaciones municipales en el rol de provisión del servicio de educación. Los SLEP están conformados por un Consejo Local de Educación con participación de docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres, madres y apoderados e instituciones de educación superior; y un Comité Directivo Local con representación de los centros de padres, municipalidad y gobierno regional.
En el caso de la región del Maule está previsto el funcionamiento de 4 SLEP: Maule Valle, Los Cerezos, Los Álamos y Maule Costa. El SLEP Maule Costa ya entró en funcionamiento el 1ro de enero pasado, y tiene bajo su dependencia a 76 escuelas y liceos y 12 jardines infantiles, con una cobertura de más de 14 mil estudiantes de las comunas de Cauquenes, Constitución, Chanco, Pelluhue y Empedrado.
El SLEP Maule Costa, el primero de nuestra región, se suma a los Servicios Locales de Licancabur, Los Libertadores, Santa Corina, Santa Rosa, Del Pino, Andalién Costa, Valdivia y Chiloé, la que por su magnitud se trata del mayor cambio de sostenedor desde que comenzó la Nueva Educación Pública.
Dra. Karina Doña Molina
Directora de la carrera de Administración Pública
Universidad Autónoma de Chile – Talca
