El Juzgado de Garantía de Parral decretó prisión preventiva para cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— formalizadas por el delito de homicidio frustrado, tras un incidente ocurrido en la comuna de Retiro. El hecho se registró el pasado 25 de mayo, durante diligencias policiales vinculadas a una investigación por robos con violencia en estaciones de servicio de Parral.
Según informó la Fiscalía, mientras la Policía de Investigaciones (PDI) realizaba indagatorias en un domicilio asociado a los asaltos ocurridos el 22 y 24 de mayo, un grupo de personas ajenas a esa investigación se presentó en el lugar. Uno de ellos extrajo un arma de fuego y disparó en dirección al inmueble, hiriendo a una persona que se encontraba en el antejardín. La víctima resultó con lesiones graves en la zona torácica.
La fiscal subrogante de Parral, Javiera Valenzuela, explicó que los cuatro imputados fueron formalizados por homicidio frustrado y, en el caso de uno de ellos, también por porte ilegal de arma de fuego. El tribunal acogió la solicitud de prisión preventiva y estableció un plazo de investigación de cuatro meses.
Por su parte, el jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Parral, subprefecto Jorge Ortíz, indicó que esta diligencia se enmarcaba en un proceso investigativo por asaltos con violencia en servicentros, donde los autores habrían utilizado armas de fuego para intimidar a los trabajadores y sustraer dinero y especies. Gracias al análisis de cámaras de seguridad y otras evidencias, se logró identificar a los presuntos responsables y relacionarlos con una camioneta usada en los hechos.
Además de las cuatro personas formalizadas por homicidio frustrado, otras dos fueron detenidas por su presunta participación en los robos y quedaron con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.
Relevancia del caso:
Este tipo de investigaciones permite esclarecer hechos violentos que afectan a la seguridad pública y destaca la importancia del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y las policías. También refuerza la necesidad de contar con herramientas legales efectivas para sancionar delitos graves y prevenir nuevas situaciones de riesgo para la ciudadanía.
