- Cuando la demanda por agua se intensifica y los caudales comienzan a disminuir, el reparto no se realiza al azar ni por negociación política. Existe un sistema técnico, poco conocido fuera del mundo hídrico, que define cuánto recibe cada usuario y quién toma esas decisiones.
Chile discute con frecuencia sobre desaladoras, embalses o reformas al Código de Aguas. Sin embargo, hay una pregunta básica que rara vez se explica en el debate público: qué ocurre cuando el agua de un río no alcanza para todos y cómo se decide su reparto. La respuesta no está en una obra ni en una mesa política, sino en un sistema operativo que funciona de distintas formas en cada cuenca del país.
En términos simples, el reparto del agua en Chile se basa en los derechos otorgados por el Estado y en una regla central: la prorrata. Cada titular posee un número de acciones y, cuando el caudal disponible disminuye, todos reciben menos en proporción a lo que les corresponde. No hay ganadores ni perdedores definidos de antemano, sino un ajuste colectivo a una realidad física cambiante.
Carlos Ciappa, abogado especializado en derecho de aguas, explica que este sistema suele malentenderse. “Los derechos de agua no son fijos en la práctica: el caudal otorgado es un máximo. La propia ley contempla que, cuando el agua no está disponible, esos derechos se ejercen a prorrata, adaptándose a la cantidad real que trae el río o el acuífero en un momento determinado”, señala.
Reparto y la figura del juez de río
En la Región del Maule, esta lógica se enfrenta a condiciones especialmente complejas. “El reparto en el río Mataquito es particularmente desafiante porque se trata de un río muy dinámico, con grandes variaciones a lo largo de su extensión y una alta cantidad de usuarios”, explica Margarita Núñez, jueza de río del Mataquito. “En la práctica, cuando el caudal baja, aplicamos una reducción proporcional común: si el río disminuye un 50%, todos los canales reducen en ese mismo porcentaje”.
Este reparto no se ejecuta de manera ocasional ni discrecional: en muchas cuencas se ajusta de forma diaria, e incluso horaria, según el comportamiento real del caudal. Aunque la regla de la prorrata es común en todo el país, su aplicación varía según la geografía, la infraestructura y la historia de cada cuenca, dando lugar a sistemas distintos que comparten una misma base: información confiable y reglas claras.
Para Emilio de la Jara, CEO de Capta Hydro, ese es uno de los principales desafíos del país. “Chile tiene juntas de vigilancia que hacen una labor notable, como las Mataquito y Lontué, pero el estándar de medición y gestión varía demasiado entre cuencas. Hay lugares con balances diarios y equipos profesionales, y otros que aún reparten agua casi con lápiz y cuaderno. Si no emparejamos esa cancha, seguiremos dependiendo de quién administra el río, no de una política de cuencas”, afirma.
En un contexto de cambio climático y alta variabilidad hidrológica, entender cómo se reparte el agua deja de ser un tema técnico reservado a especialistas. Es, cada vez más, una discusión pública sobre cómo un país gestiona la escasez sin improvisar y cuán preparados están sus sistemas para enfrentar un futuro con menos agua disponible.
