La iniciativa permitirá dar continuidad en 2026 al trabajo especializado contra el crimen organizado y reforzar la atención a víctimas y testigos en toda la región.
El Consejo Regional del Maule aprobó la transferencia de $489 millones para la ejecución, durante 2026, del programa de fortalecimiento de la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (SACFI-UNAAC) y de Atención a Víctimas y Testigos, impulsado por la Fiscalía Regional del Maule.
El proyecto, que se desarrollará entre enero y diciembre del próximo año, da continuidad a una iniciativa iniciada en 2023 y orientada a reforzar la persecución de delitos de alta complejidad y crimen organizado, además de mejorar la gestión y análisis de información para investigaciones especializadas. Asimismo, busca asegurar atención integral y oportuna a víctimas y testigos en las 30 comunas del Maule.
El gobernador regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, valoró la aprobación de los recursos, señalando que la inversión en seguridad contribuye a generar mayores niveles de tranquilidad y confianza en la población, así como condiciones favorables para el desarrollo económico regional.
Por su parte, el fiscal regional, Julio Contardo, destacó que la continuidad del programa responde a la necesidad de enfrentar fenómenos delictivos complejos con herramientas especializadas y una gestión coordinada. Añadió que el trabajo conjunto con el Gobierno Regional ha permitido consolidar un modelo que busca combatir el crimen organizado y, al mismo tiempo, fortalecer la atención a quienes han sido afectados por delitos graves.
La iniciativa contempla la mantención de equipos profesionales especializados, la renovación y adquisición de tecnología —incluyendo herramientas de análisis forense— y la continuidad operativa de la Fiscalía Móvil, con el objetivo de ampliar cobertura en comunas donde no existe fiscalía local.
Desde la Comisión de Seguridad del Consejo Regional, su presidente, Francisco Durán, señaló que la asignación de recursos permitirá optimizar la gestión investigativa y fortalecer el trabajo institucional en materia de persecución penal.
Entre los beneficiarios proyectados se encuentran usuarios de la Fiscalía Móvil y víctimas de delitos graves, incorporando un enfoque de género para la atención diferenciada en casos como trata de personas, violencia de género y delitos sexuales.
Con esta aprobación, el Gobierno Regional y el Ministerio Público avanzan en la consolidación de una estrategia orientada a reforzar la seguridad pública y la protección de víctimas en el territorio maulino.
