Un error administrativo entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la empresa a cargo del sistema obligaría al retiro de 30 cámaras en Talca, disminuyendo drásticamente la capacidad de vigilancia en puntos críticos de la ciudad. El alcalde Juan Carlos Díaz exige una solución urgente para evitar el retroceso en seguridad.
Una decisión administrativa que golpea la seguridad local
La posible desinstalación de 30 cámaras de televigilancia en Talca encendió la preocupación de vecinos, autoridades y equipos de seguridad. Se trata de dispositivos ubicados principalmente en el casco histórico, instalados desde 2020 como parte de un contrato entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la empresa Ingesmart S.A.
El contrato, que expiraba el 15 de diciembre, incluía la opción de compra del equipamiento para mantenerlo en funcionamiento a nivel municipal. Sin embargo, esta cláusula no fue ejecutada a tiempo por el nivel central, lo que obliga a la empresa a retirar las cámaras en un plazo de 60 días.
El impacto no se limita a Talca: también involucra a Rancagua, San Fernando, Santa Cruz, Curicó, Linares y Chillán.
“Perder estas cámaras es retroceder en seguridad”
El alcalde Juan Carlos Díaz expresó públicamente su inquietud por lo que considera un retroceso grave para la ciudad:
“Creemos que la seguridad es el problema número uno del país. Hemos trabajado coordinadamente con el gobierno central, gobiernos regionales y la comunidad. Pero ahora nos informan que no se pudo hacer efectiva la opción de compra, y en 60 días las cámaras serán retiradas. Esto nos deja en una situación muy compleja”.
El jefe comunal advierte que eliminar 30 cámaras equivale a perder la capacidad de vigilancia equivalente a 90 personas monitoreando las calles, una comparación que refleja la magnitud del problema.
Oficio urgente al gobierno central
Frente al escenario, Díaz envió un oficio a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, solicitando que se adopten las medidas necesarias para asegurar la continuidad del sistema mediante el traspaso administrativo a los municipios, tal como estaba previsto originalmente.
“Estamos apelando al sentido común y al sentido de urgencia. Esto sería una mala señal para nuestros vecinos. Por eso lo hacemos público, para que esto no se retire”, insistió.
Avances que podrían perderse
El Sistema de Teleprotección ha sido clave para apoyar procedimientos policiales entre 2020 y 2025. Durante ese periodo, las cámaras permitieron:
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Más de 700 controles de identidad
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Más de 450 denuncias
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Cerca de 530 detenciones
La eventual desinstalación no solo afectaría la capacidad operativa, sino que también dejaría sin vigilancia sectores estratégicos de Talca, como 5 Oriente con 7 Norte, la Alameda, 2 Sur y 2 Oriente, entre otros puntos de alto flujo.
Voces desde la calle
Aunque no se realizó una consulta formal durante la jornada, vecinos del centro han expresado informalmente preocupación por el posible retiro, señalando que el monitoreo ha permitido reducir hechos delictuales y dar mayor sensación de seguridad.
Una decisión que pide corrección
La solicitud del municipio es clara: mantener el sistema operativo hasta que se coordine un traspaso correcto, evitando que un error administrativo afecte la seguridad de miles de personas.
Por ahora, la comunidad espera que la respuesta desde el nivel central llegue a tiempo para evitar un retroceso en la vigilancia urbana y en los avances logrados durante los últimos años.
