Entrevista a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, y al director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza
La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas informó que entre enero y julio de 2025 se han resuelto 1.192 fiscalizaciones, casi el doble que en el mismo período de 2022. De ellas, 434 terminaron en multas, con sanciones que superan los 4.500 millones de pesos.
«El objetivo no es multar, sino disuadir»
En conversación con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, la autoridad señaló:
—“Estas cifras reflejan el compromiso de este Gobierno de velar por el correcto uso de las aguas y avanzar en seguridad hídrica. El fin de las fiscalizaciones no es multar, sino disuadir infracciones al Código de Aguas”.
Según el detalle, un 61% de los procesos fueron iniciados de oficio por la DGA, mientras que el 39% correspondió a denuncias ciudadanas.
Tecnología y control ciudadano
Por su parte, el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, explicó que el aumento se debe al refuerzo de equipos y uso de nuevas herramientas tecnológicas:
—“Incorporamos sistemas de monitoreo y una aplicación digital de denuncias que permite georreferenciar los lugares de posibles infracciones, lo que hace más eficiente el proceso”.
Las infracciones más comunes corresponden al incumplimiento del Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (38%), obras no autorizadas en cauces (37%) y extracción ilegal de aguas (15%).
Regiones con más fiscalizaciones
Las regiones con mayor número de procesos resueltos son Valparaíso (137), Los Lagos (130), Coquimbo (119) y Maule (114), que en conjunto representan el 42% del total nacional. En cuanto al monto de las multas, Coquimbo lidera con más de 1.297 millones de pesos, seguida de Valparaíso con 1.115 millones.
Nueva ley de fiscalización
Desde abril está vigente una nueva normativa que simplifica el procedimiento sancionatorio. Permite corregir infracciones menores en un plazo breve y contempla descuentos de hasta un 25% en las multas si el infractor acepta los cargos tempranamente.
Sanhueza destacó que ya existen 53 casos en el país en que se aplicó esta figura:
—“Lo relevante es que se busca la corrección temprana y que las obras cumplan con la normativa, más que solo recaudar multas”.
