Algunos de esos nuevos antecedentes fueron calificados como “graves” por el consejero regional Patricio Ojeda Alarcón.
Con el objetivo de transparentar la información y supervigilar el correcto uso de los recursos públicos, es que un grupo de consejeros regionales hace algunas semanas solicitaron al contralor regional investigar, revisar y profundizar en diversas situaciones ligadas a los convenios con fundaciones que ha suscrito el Gore Maule, los cuales podrían ser constitutivos de delitos.
Es en ese contexto es que las autoridades regionales volvieron a acudir hasta las dependencias del ente controlador, para entregar nuevos antecedentes que han surgido en la investigación. El consejero regional del Maule, Patricio Ojeda Alarcón, explicó que “seguimos persiguiendo lo que dijimos en un principio: que se esclarezcan los hechos relacionados con los convenios suscritos entre el Gobierno Regional y distintas fundaciones. Para esos efectos nosotros solicitamos a la Unidad Interna de Control del Gore una auditoría que ya fue entregada a los consejeros y que da cuenta de una serie de hechos que son constitutivos a lo menos de irregularidades, por lo que le hemos pedido en esta oportunidad a la Contraloría que se sumen estos antecedentes para que ese pronunciamiento sea lo más completo posible”.
Respecto a los nuevos antecedentes que surgieron de esa auditoria, el consejero indicó que “hay hechos graves como por ejemplo la presencia de una factura falsa en una de las rendiciones de una de las fundaciones, así como también que un alcalde ha firmado boletas de garantía de una fundación en la cual no participa, además un aumento significativo en el número de audiencias de Ley del Lobby posterior a nuestra solicitud de información (ese número antes de la solicitud era otro), lo que consideramos irregular y que esperamos la contraloría lo pueda considerar”.
Fueron nueve los consejeros que firmaron esta entrega de información, hay otros consejeros que han optado por mantenerse al margen de este proceso haciendo uso de su libertad, sin perjuicio que “nosotros igual consideramos que es nuestro deber resguardar el patrimonio del Gobierno Regional y el rol fiscalizador se instaló precisamente para eso”, enfatizó Ojeda Alarcón.
Por su parte la consejera regional del Maule Giovanna Paredes Castillo, dijo en la oportunidad que “esperamos que las acciones que ha iniciado la Contraloría induzcan a esclarecer los hechos. Si estos son irregulares, evidentemente que se tomen todas las medidas necesarias para corregirlo y se adopten todas las medidas también para cursar las responsabilidades correspondientes a las personas”.
En relación a si los consejeros están dispuestos a acudir a la justicia, indicaron que lo están evaluando ya que un grupo de abogados está revisando en profundidad el caso. Actualmente no lo confirman pero es una alternativa que evalúan muy seriamente.
