Durante el transcurso de este jueves, una nueva arista del caso “Democracia Viva” se ha abierto, ll cual involucra ahora al seremi de Vivienda de la región del Maule.
El denominado caso “Democracia Viva” fue destapado hace unos días atrás por una investigación periodística, la cual dio cuenta de los Vínculos del Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, militante de RD, con el también militante del mismo partido político y pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade.
Andrade es representante de la fundación Democracia Viva la Cual se adjudico fondos por mas de 400 millones de pesos, como asignación directa, desde el MINVU Antofagasta.
En dicha investigación salieron a la luz los nombres de otras fundaciones vinculadas al oficialismo como ProCultura, donde trabajo Irina Karamanos y Urbanismo Social, donde el Seremi de Vivienda del Maule fue director regional y también Director Jurídico de la fundación hasta abril de 2022, cuando asumió como Secretario regional Ministerial.
¿Porque lo denuncian?
El diputado Benjamín Moreno, del partido Republicano pidió su renuncia, lo cual fue publicado a través del portal vivimos la noticia, señalando que el Minvu habría realizado tres asignaciones directas a la fundación Urbanismo Social, de la Cual el Seremi Rodrigo Hernández Fernández, fue director regional y Director Jurídico a nivel nacional, hasta abril de 2022. Estas asignaciones fueron realizadas en diciembre del año 2022, y entre las tres alcanzan un monto de 44.5 millones de pesos.
Cabe destacar que Hernández, al Igual que el seremi de vivienda de Antofagasta, también es militante de Revolución democrática, y cercano a Tatiana Rojas, subsecretaria de vivienda, quien estaba en conocimiento del caso “Democracia Viva” desde el 2 de mayo, luego de que funcionarios del MINVU enviaran un correo alertando sobre esta situación.
Además, no solo ahí quedan los vínculos de Urbanismo Social con el MINVU en el Maule, Sebastián González Vergara, quien se desempeñó también como director de la Fundación Urbanismo Social luego de que Hernández pasara a ser Director Jurídico, entró a trabajar al MINVU en julio de 2022, 3 meses después de que asumiera Hernández, como Coordinador Provincial, con una remuneración bruta de 2 millones setecientos mil pesos aproximadamente.
Ante esto, el delegado presidencial, Humberto Aqueveque, realizó declaraciones a los medios de prensa en la jornada de hoy, señalando que como autoridades regionales han tomado conocimiento del asunto y han puesto los antecedentes a disposición del Ministro Carlos Montes, quien es el superior Jerárquico de Hernandez, para que desde el MINVU se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se determine si estas acciones de alguna forma podrían ser contrarias a la normativa vigente, ya que es primordial que una vez revisados los programas de transferencias de recursos se determine que ha sucedido con recursos que son de los ciudadanos y se debe dar cuenta que ha sucedido con ellos.
