Parlamentario pidió antecedentes a la Tesorería General de la República sobre los mecanismos de recuperación de deuda y planteó la necesidad de evaluar fórmulas que permitan una mayor flexibilidad para quienes mantienen compromisos asociados al Crédito con Aval del Estado.
El debate sobre los mecanismos de cobro de las deudas vinculadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) sumó un nuevo capítulo luego de que el diputado Jorge Guzmán anunciara el envío de un oficio a la Tesorería General de la República (TGR), solicitando información respecto de los procedimientos aplicados a personas que mantienen obligaciones pendientes con este sistema de financiamiento estudiantil.
La solicitud surge en medio de una discusión nacional sobre las medidas de recuperación de recursos fiscales, luego de conocerse casos de retenciones de fondos y otras acciones de cobranza que han afectado a deudores del CAE.
Según explicó el parlamentario, el objetivo es conocer en detalle los criterios utilizados por la Tesorería, los mecanismos de notificación disponibles y las alternativas que existen para que las personas puedan regularizar su situación financiera.
Guzmán señaló que el cumplimiento de las obligaciones económicas es relevante, pero sostuvo que también es necesario analizar fórmulas que permitan compatibilizar la recuperación de recursos públicos con la realidad económica que enfrentan muchas familias.
En ese contexto, planteó la posibilidad de revisar convenios de pago y mecanismos que entreguen mayores facilidades a quienes buscan ponerse al día con sus compromisos financieros.
El oficio también busca aclarar cómo se aplican las distintas medidas de cobro y cuáles son las herramientas que actualmente tienen disponibles los deudores para evitar procesos que puedan afectar su estabilidad económica.
La discusión sobre el CAE continúa siendo un tema de interés público debido a su impacto en miles de personas que financiaron sus estudios superiores mediante este instrumento, mientras distintos sectores plantean la necesidad de avanzar en soluciones que permitan equilibrar las responsabilidades financieras con la realidad social y económica de los beneficiarios.
