El Gobierno Regional informó que entregó antecedentes al Ministerio Público y a la PDI para contribuir al esclarecimiento de los hechos. También se solicitaron acciones judiciales destinadas a resguardar y eventualmente recuperar los recursos involucrados.
La investigación sobre el uso de recursos públicos en la Región del Maule entra ahora en una etapa en la que serán los organismos competentes los encargados de determinar qué ocurrió y establecer eventuales responsabilidades.
Desde el Gobierno Regional señalaron que los antecedentes relacionados con el caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público, la PDI y otros organismos que participan de la investigación, con el objetivo de facilitar las diligencias que permitan aclarar los hechos.
Uno de los aspectos que aparece como prioritario es determinar el destino de los recursos involucrados y, en caso de corresponder, avanzar en su recuperación. Se trata de fondos públicos cuyo resguardo constituye uno de los principales puntos planteados por la administración regional.
Desde el Gobierno Regional también se ha señalado que los hechos investigados se habrían originado antes de la actual administración. De acuerdo con la declaración, una vez que las actuales autoridades tomaron conocimiento de los antecedentes, se adoptaron medidas administrativas y judiciales.
Más allá de las responsabilidades que eventualmente puedan establecerse, el foco está puesto ahora en que la investigación permita reconstruir lo ocurrido, identificar a quienes pudieran tener algún grado de responsabilidad y determinar si existieron perjuicios para las arcas públicas.
El caso queda así en manos de los organismos encargados de la investigación, mientras el Gobierno Regional manifestó su disposición a entregar los antecedentes y colaborar con las diligencias que sean necesarias.
