Parral, octubre de 2025. – En un paso decisivo por resguardar la transparencia y el uso correcto de los recursos públicos, la Municipalidad de Parral presentó una querella criminal tras detectar graves irregularidades financieras y administrativas en la Corporación de Desarrollo al Fomento Productivo, entidad que en el pasado tuvo a su cargo la administración de la Farmacia Comunal.
El alcalde de Parral, Patricio Ojeda, explicó que la acción judicial es el resultado de un proceso de auditoría interna desarrollado durante varios meses por la Dirección de Control Municipal. “En diciembre reconocimos una deuda que superaba los 400 millones de pesos. A partir de ahí, iniciamos un trabajo exhaustivo de revisión que reveló hechos preocupantes”, señaló.
Según detalló el jefe comunal, la auditoría detectó “la contratación de asesores sin respaldo de informes, traspasos de recursos a personas naturales y fondos sin rendición”, irregularidades que, según indicó, “obligan al Municipio a poner en conocimiento del Ministerio Público todos los antecedentes que podrían configurar delitos”.
El abogado externo del Municipio, Rodrigo Flores, confirmó que el 10 de octubre se interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Parral, la cual fue declarada admisible. “La acción busca establecer responsabilidades en posibles delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, uso malicioso de instrumento público y negociación incompatible. Aunque se trata de una corporación, esta administraba fondos municipales, por lo que aplican las normas del derecho público”, explicó.
En su calidad de presidente del directorio de la entidad, el alcalde Patricio Ojeda presentó la querella contra quienes resulten responsables, mencionando a la exalcaldesa Paula Retamal y al exsecretario ejecutivo de la corporación, Fabián Abasolo, como parte de los principales investigados por la autorización de pagos y rendiciones sin respaldo.
Respecto a la situación de la Farmacia Comunal, Ojeda sostuvo que “nunca debió estar bajo la administración de una corporación de estas características. Evaluaremos los pasos a seguir para que su funcionamiento se mantenga bajo una estructura institucional adecuada y transparente”.
El alcalde enfatizó que esta acción judicial “busca esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y proteger los recursos de todos los parralinos”, reafirmando el compromiso del municipio con la probidad, la transparencia y la buena gestión pública.
“La ciudadanía merece instituciones confiables y una administración responsable de los fondos públicos. Este es un paso importante para recuperar esa confianza”, concluyó el jefe comunal.
