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Ruta L-30-M bajo presión: accidentes reavivan llamado por urgente intervención vial

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San Javier – Constitución. Dos graves accidentes de tránsito ocurridos en menos de 24 horas han vuelto a poner en el centro del debate la crítica situación de la Ruta L-30-M. El primero, el volcamiento de un bus con 11 personas lesionadas; el segundo, el fallecimiento de un motorista en la mañana del lunes. Ambos hechos activaron las alertas de autoridades y vecinos, quienes insisten en la necesidad de avanzar con urgencia en el proyecto de doble vía entre San Javier y Constitución.

En conversación con nuestro medio, el alcalde de San Javier, Jorge Silva Sepúlveda, compartió su profunda preocupación por el escenario vial que afecta diariamente a miles de personas. “Esta ruta no solo conecta comunas, conecta vidas, trabajo, educación. Y hoy está poniendo todo eso en peligro”, señaló.

El jefe comunal ha sido una de las voces más insistentes en visibilizar el riesgo constante en esta vía, catalogada como una de las cuatro más peligrosas del Maule en número de accidentes fatales.

“Estamos hablando de vidas humanas, de familias destruidas. Esta situación es insostenible y no puede seguir esperando”, remarcó Silva.

La Ruta L-30-M no solo es vital para la movilidad de los habitantes del secano interior —como Nirivilo, Huerta de Maule, entre otros—, sino que es un eje clave para el transporte de madera, pescados y productos agrícolas hacia el resto del país. Sin embargo, su actual estado sigue siendo motivo de preocupación, especialmente por su estrechez, escasa visibilidad en algunos tramos y alta frecuencia de vehículos pesados.

En la entrevista, el alcalde cuestionó la lentitud con que avanza el esperado proyecto de doble vía. “Aquí no estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo justicia social para nuestros vecinos, trabajadores, transportistas y estudiantes. Le pedimos al Gobierno que escuche este clamor y actúe”.

Según cifras regionales, la siniestralidad en esta carretera no ha disminuido. De hecho, cada nuevo accidente suma presión sobre un proyecto que aún no cuenta con cronograma claro de ejecución. Las autoridades locales temen que, una vez más, quede relegado por razones administrativas o falta de recursos.

El mensaje de la comunidad y sus autoridades es uno solo: no hay más tiempo que perder. La intervención estructural de esta ruta no puede seguir esperando mientras se siguen contando vidas perdidas.

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