Trabajadores del Instituto Nacional de la Juventud acusan precarización, recortes presupuestarios y ausencia de participación en la modernización institucional. En el Maule, aseguran que la situación amenaza la continuidad de programas que benefician a miles de jóvenes.
En todo el país, las oficinas del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) permanecen tomadas por sus funcionarios. Tras más de un mes de movilización, los trabajadores decidieron radicalizar la protesta ante la falta de respuestas sobre el futuro del organismo y la incertidumbre que afecta a decenas de empleados y programas juveniles.
La medida, impulsada por la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INJUV (AFINJUV), surge como una señal de alerta frente a lo que describen como un “abandono institucional”. Entre las principales demandas, los funcionarios piden un diálogo directo con las autoridades nacionales, la renuncia del actual director, y una hoja de ruta clara que garantice la continuidad de los programas que el servicio desarrolla a lo largo del país.
“Esta semana cumplimos seis semanas de movilización. Todo comenzó por el recorte presupuestario proyectado para 2026, que implica la salida de 38 funcionarios del convenio con el PNUD, pero lo cierto es que venimos arrastrando una crisis estructural hace años”, explicó Octavio Yáñez, integrante del directorio nacional de AFINJUV.
El dirigente detalla que los recortes afectan directamente a programas emblemáticos como Hablemos de Todo, Compromiso Joven y el Observatorio de las Juventudes, que llegan a miles de jóvenes en temáticas de salud mental, autocuidado, participación y voluntariado.
En el Maule, la preocupación es aún mayor. “El año 2024 alcanzamos a más de 10 mil jóvenes en 30 comunas de la región. Hemos trabajado junto a municipios en salud mental, prevención de violencias y sexualidad responsable. Pero hoy, sin recursos y sin conducción clara, todo ese trabajo está en riesgo”, señaló Patricio Mena, representante regional de los funcionarios.
La crisis también tiene un componente humano: muchos trabajadores se enfrentan a la inestabilidad laboral tras años de servicio en condiciones precarias. Según AFINJUV, la reducción de presupuesto y la falta de planificación “debilitan los equipos regionales” y amenazan la presencia territorial del INJUV, uno de los pocos servicios públicos dedicados exclusivamente a las juventudes.
A nivel nacional, los funcionarios, junto a la ANEF y la FENAMIAS, entregaron una carta al Presidente de la República solicitando cambios en la dirección del servicio. En el documento acusan una gestión “cerrada y sin liderazgo”, además de la elaboración de una nueva institucionalidad para la juventud sin incluir ni a los trabajadores ni a los jóvenes beneficiarios.
La incertidumbre, dicen, no solo pone en jaque al personal, sino también a una política pública clave para acompañar a los más de cuatro millones de jóvenes que viven en Chile.
Mientras las oficinas continúan ocupadas, los funcionarios reiteran su llamado al diálogo:
“No estamos aquí por intereses personales, sino por el derecho de las juventudes a tener un Estado presente y un servicio que las escuche y acompañe”, concluyó Yáñez, mirando los pasillos vacíos del edificio regional que, por ahora, refleja el silencio de una institución que busca ser oída.
