Una alerta internacional dio origen a la investigación que permitió identificar, detener y formalizar a un imputado de 23 años, quedando con medidas cautelares mientras se desarrolla el proceso judicial.
Una investigación penal iniciada a partir de una alerta internacional permitió la detención de un joven de 23 años en la comuna de Licantén, quien fue formalizado por el delito de almacenamiento de material de abuso sexual infantil, tras hallarse archivos de este tipo en uno de sus dispositivos electrónicos.
El caso se originó luego de que un organismo internacional con sede en Estados Unidos informara sobre la descarga de archivos de contenido ilegal desde una plataforma digital, asociados a una persona con residencia en Chile. Estos antecedentes fueron derivados al Ministerio Público, lo que dio inicio a diligencias investigativas en la costa norte de la Región del Maule.
La fiscal jefe de Licantén, Mónica Barrientos, explicó que, tras una orden de investigar entregada a la Policía de Investigaciones (PDI), se solicitó al tribunal una orden de entrada y registro al domicilio del imputado. Durante el procedimiento, los detectives lograron corroborar la existencia de material ilícito almacenado en un teléfono celular, lo que derivó en su detención y posterior control ante el Juzgado de Garantía de Licantén. En la audiencia de formalización, el tribunal decretó medidas cautelares consistentes en arraigo nacional y firma semanal ante la policía, fijándose un plazo de investigación de cuatro meses.
Desde la PDI, el comisario Roberto Cornejo, jefe subrogante de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) Curicó, señaló que la detención fue posible gracias a un trabajo coordinado entre la Fiscalía Local de Licantén y la unidad especializada, utilizando antecedentes técnicos como direcciones IP y correos electrónicos, lo que permitió individualizar al imputado y ubicar su domicilio. En el registro del inmueble se incautó material de interés criminalístico vinculado a la investigación.
El caso vuelve a poner en relieve la coordinación permanente entre el Ministerio Público, la policía civil y organismos internacionales, colaboración que resulta clave para la detección y persecución de delitos vinculados al uso de plataformas digitales y a la protección de niños, niñas y adolescentes.
