Lo que hace un tiempo parecía lejano, hoy golpea con fuerza a nuestras propias comunidades educativas. Los recientes hechos de violencia escolar en el país —y también las señales de alerta que hemos visto en Talca— no pueden seguir siendo tratados como episodios aislados. Estamos frente a una situación que exige decisión, liderazgo y, sobre todo, una respuesta a la altura.
Reducir este problema a un hecho puntual sería un error. La violencia en las escuelas es reflejo de algo más profundo: una crisis en la convivencia, en los límites, en la formación y en la manera en que estamos abordando el desarrollo emocional de niños, niñas y jóvenes. Aquí confluyen múltiples factores: salud mental, entornos familiares complejos, normalización de conductas agresivas y una institucionalidad que muchas veces reacciona tarde o de manera fragmentada.
Y en esto hay que ser claros: la responsabilidad no es solo de la escuela. Es compartida. Del Estado, de los municipios, de los Sleps, de los equipos directivos, de los docentes, de las instituciones vinculadas a la seguridad y la educación… pero también, y de manera fundamental, de las familias. No podemos seguir trasladando toda la carga formativa a los establecimientos educacionales. El rol de los padres y apoderados es insustituible, y es momento de avanzar también en una discusión seria respecto a las responsabilidades que les caben en las conductas de sus hijos menores de edad.
En Talca, este tema ya ha estado sobre la mesa. Lo hemos abordado en el Consejo de Seguridad Comunal y en instancias de trabajo con actores del mundo educativo. Existe conciencia, pero eso no basta. Hoy se requiere pasar con decisión desde el diagnóstico a la acción.
Y esa acción debe tener dos dimensiones claras. Primero, una estrategia firme y enérgica en el corto plazo. Con medidas concretas, con protocolos que se apliquen sin ambigüedades y con señales claras de que la violencia no será tolerada. Sabemos que algunas de estas decisiones pueden no ser populares, pero son necesarias para recuperar la confianza y la sensación de seguridad en nuestras comunidades educativas.
Pero al mismo tiempo, necesitamos una estrategia de largo plazo que apunte a lo más importante: cambiar conductas. Formar en convivencia, fortalecer la educación emocional, acompañar a las comunidades y generar entornos educativos que promuevan el respeto. No se trata solo de reaccionar frente a la violencia, sino de prevenirla de manera estructural.
Nada de esto funcionará si cada institución actúa por separado. La clave está en el trabajo coordinado, en una estrategia donde todos los actores —educación, seguridad, salud, municipios y comunidades— trabajen de manera complementaria y no aislada. La fragmentación solo debilita la respuesta.
La violencia escolar no puede transformarse en parte del paisaje. No podemos normalizarla ni resignarnos a convivir con ella. Este es un desafío urgente, pero también una oportunidad para actuar con convicción y construir comunidades educativas más seguras, más humanas y con futuro.
Porque al final del día, lo que está en juego no es solo la seguridad dentro de una sala de clases, sino el tipo de sociedad que estamos formando.
Patricio Mena G. concejal I. Municipalidad de Talca y vicepresidente comisión de educación del concejo municipal.
