En Talca, autoridades, organizaciones y mujeres de diversas generaciones dieron inicio a la campaña “Una Ley en Nombre de Todas”, recordando la importancia de prevenir, acompañar y denunciar la violencia en todas sus formas.
Reportaje
En medio del movimiento habitual de un Gobierno en Terreno, la Alameda de Talca se convirtió en el punto de encuentro para iniciar la campaña 2025 del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Esta vez, el mensaje apunta a lo esencial: un llamado colectivo a erradicar la violencia contra las mujeres, acompañado de la entrada en vigencia de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, aprobada en 2024.
“Es una ley que no lleva el nombre de una sola mujer, sino que de todas”, comenta el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, mientras recorre los módulos instalados para acercar información y orientación a la comunidad. Según recuerda, la norma tardó siete años en ser tramitada y hoy amplía el alcance de la protección, incorporando dimensiones como la intimidación digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
“Estamos difundiendo esta ley porque cumple un año, pero también porque es parte de un marco normativo que busca poner fin a múltiples formas de violencia. No solo la física, también la económica, la digital, la institucional”, explica Aqueveque.
A su lado, la vocera de Gobierno, Lucía Bozo, refuerza la idea de que esta política pública implica un cambio cultural profundo dentro del Estado.
“Más de 25 instituciones trabajan de manera coordinada para que el enfoque de género no sea una oferta aislada, sino una práctica diaria. Ese es nuestro compromiso”, detalla.
Un antes y un después en la protección
La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Barahona, resume los principales avances que introduce la Ley 21.675. Entre ellos, el fortalecimiento de las órdenes de alejamiento, ahora con supervisión judicial obligatoria; el reconocimiento de la violencia gineco-obstétrica como agravante; la creación de un Sistema Integrado de Información, que evitará que las víctimas deban repetir una y otra vez su relato; y la incorporación de servicios de reparación física, psicológica y social.
“Para este Gobierno, la violencia contra las mujeres no es un problema privado: es un problema de Estado. Y esta ley marca un punto de inflexión”, señala Barahona.
La campaña comunicacional, que se desplegará en televisión, radios y plataformas digitales, fue dirigida por la cineasta Gabriela Larraín. Los nombres de las protagonistas fueron escogidos entre los más comunes según el Registro Civil, en una apuesta por representar a mujeres de distintas generaciones.
Inclusión y reconocimiento
Entre las asistentes también estuvo Nicole Cancino, presidenta (s) de la organización Transgéneras por el Cambio, quien valoró que la normativa reconozca explícitamente a las mujeres trans como parte del público protegido.
“Para nosotras es fundamental que la ley nos incluya y nos reconozca. La violencia no distingue identidades, y la protección tampoco debe hacerlo”, expresó.
Un llamado que trasciende el acto oficial
Más allá de cifras y normativas, la actividad dejó un mensaje central: la violencia contra las mujeres es una realidad que debe enfrentarse desde todos los espacios —comunidades, instituciones, familias y territorios.
La campaña invita a la ciudadanía a informarse, comprender los nuevos mecanismos de denuncia y reparación, y a ser parte activa del cambio cultural.
Porque, como se repitió en el lugar, la violencia no puede normalizarse, y la prevención es tarea de todas y todos.
