Un nuevo convenio entre Desarrollo Social, Educación y el Servicio de Protección busca mejorar la respuesta ante situaciones que puedan afectar los derechos de niños y adolescentes y su continuidad en el sistema educativo.

Cuando un niño o adolescente enfrenta una situación que puede afectar sus derechos, la respuesta de las instituciones requiere coordinación y rapidez. Con ese objetivo, organismos públicos de la Región del Maule suscribieron un convenio que busca mejorar el intercambio seguro de información y facilitar la atención de quienes necesitan apoyo.

El acuerdo fue firmado en el marco de una nueva sesión de la Comisión Coordinadora de Protección de la Región del Maule por el seremi de Desarrollo Social y Familia, Pablo Olivares; el seremi de Educación, Cristián Letelier; y el director regional (s) del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Daniel Smith.

La iniciativa involucra al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) y los programas del Servicio de Protección. La coordinación permitirá compartir antecedentes de manera oportuna cuando existan situaciones que puedan comprometer los derechos de niños y adolescentes o dificultar su permanencia en el sistema educativo.

Una respuesta que busca llegar a tiempo

Para las familias, las dificultades que afectan a un niño pueden tener consecuencias en distintos ámbitos de su vida. Una situación de vulneración de derechos, por ejemplo, también puede terminar afectando su asistencia, participación o continuidad escolar.

El convenio busca que las instituciones puedan identificar estas situaciones y coordinar sus respuestas, evitando que cada organismo actúe de manera aislada.

“Cuando está en juego la protección de un niño, no podemos llegar tarde”, señaló Pablo Olivares, quien destacó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos servicios.

Desde Educación, Cristián Letelier relevó el papel que cumplen los establecimientos educacionales, no solo en el proceso de aprendizaje, sino también en la detección de situaciones que requieren apoyo.

“Los establecimientos educacionales también cumplen un rol fundamental en la protección”, afirmó.

Información con resguardo

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la forma en que se compartirán los antecedentes. La información relacionada con niños y adolescentes bajo protección del Estado deberá manejarse bajo estándares de confidencialidad y resguardo.

Los datos serán utilizados exclusivamente para los objetivos establecidos en el convenio: fortalecer la protección, coordinar intervenciones y acompañar las trayectorias educativas.

Daniel Smith, del Servicio Nacional de Protección Especializada, explicó que disponer de información oportuna permitirá mejorar las respuestas dirigidas a niños y adolescentes que se encuentran bajo protección del Estado.

El desafío ahora será llevar este mecanismo de coordinación al trabajo cotidiano de los equipos. La meta es que, cuando aparezca una señal de alerta, las instituciones puedan comunicarse, compartir la información necesaria de manera segura y activar los apoyos que correspondan.